ONU preocupada por conminatoria a medios

La Misión de Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su preocupación ante la conminatoria judicial emitida en Cochabamba para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados al caso del abogado Jhasmani Torrico, de interés público.

Asimismo, la representación internacional recuerda que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, toda presión directa o indirecta dirigida a silenciar o amedrentar la labor informativa de la prensa resulta incompatible con el derecho a la libertad de expresión.

La jueza Sofía Camacho del juzgado de sentencia penal de Cochabamba, la pasada semana, determinó aceptar la petición del abogado y conminar a los 13 medios de comunicación para que les entreguen los nombres de los periodistas que realizaron el seguimiento de este caso.

Con esa lista, el abogado pretendía iniciar procesos penales a los periodistas acusándolos de difamación y calumnia, según información de los medios locales.

Al respecto, según Innovapress, la senadora del Movimiento al Socialismo (MAS) Patricia Arce solicitó un informe a la jueza Sofía Camacho que determinó iniciar procesos penales a periodistas de 13 medios de comunicación por haber dado seguimiento al caso de las agresiones del abogado Jhasmani Torrico.

“La actuación de la jueza deja mucho que desear y quisiera pedir a los jueces que están manejando este caso actúen con coherencia y que se ocupen de hacer su trabajo por el cual están ahí. Estamos pidiendo desde mi comisión este informe para que ella (la jueza) pueda explicarnos cuál ha sido la razón que derive en este proceso a los 13 medios de comunicación”, agregó.

Por otro lado, según ABI, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, indicó que la Ley de Imprenta de 1925 se encuentra vigente en Bolivia y advirtió que el proceso penal iniciado por el abogado sentenciado por secuestro y torturas, Jhasmani Torrico, busca censurar a los trabajadores de la prensa.

La autoridad subrayó que la denuncia de Torrico debe tratarse bajo los lineamientos y alcances de la Ley de Imprenta. “Nunca podría estar en el marco de un juicio penal”, dijo Lima.