Asamblea Legislativa suplantada

En buen romance, la Asamblea Legislativa ha sido suplantada por una reunión de grupos sociales afines al gobierno, conducidos por los ministros de Estado. Nadie puede aceptar que de un núcleo de personas de modesta preparación intelectual, lamentablemente, puedan emerger 70 proyectos de ley.

El gobierno de Evo Morales, extremadamente insuficiente para administrar el país, ha recurrido a la usina que opera tras de bambalinas para disponer de semejante cantidad de proyectos de ley. Sencillamente, agravia así a la credulidad pública, arguyendo que una junta social tenga la capacidad de elaborar tal cantidad de leyes, con las que se pretende seguir avasallando la institucionalidad patria.

Se ve que las circunstancias políticas actuales, en las que el crédito de Morales y su gobierno están muy disminuidos, determinaron que las dos reuniones de Cochabamba sustituyan a la Asamblea Legislativa. Y pese a que ésta es dócil a lo que se dispone desde el Palacio de Gobierno.

Las plenarias de semejante súper poder no han pasado de 10. En tiempo tan limitado, no pudieron haber desarrollado los debates que amerita la aprobación de disposiciones legislativas de tanta envergadura.

Entre otras, qué competencia puede tener una asamblea de ese jaez para llegar a la conclusión de que la Ley de Imprenta de 1925 tiene que ser modificada y que, aparte, se proponga otra que la sustituya con el título de Ley de Comunicación. Ni siquiera ha debido ser leída la Ley de Imprenta vigente, para llegar a la conclusión de que tiene que ser reemplazada por otra. De lo que se trata simple y llanamente es de acallar a la prensa independiente del país, por cualquier medio, sin escrúpulo alguno.

Pues, tampoco se tomó en cuenta el efecto adverso que causará en la opinión pública nacional e internacional la imposición de normas que violen la Constitución vigente y tratados internacionales que respaldan y garantizan la Libertad de Expresión y de Prensa.

La CPE promulgada por el actual gobierno el 7 de febrero de 2009 dispone, en su artículo 106, parágrafo II, que: “El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho de emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”. Y el artículo 107, parágrafo II, prevé que “…Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.

Los organismos periodísticos han creado dos tribunales para cumplir con la autorregulación, pese a que induce a la autocensura. Uno, creado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los medios escritos, y, el otro, por seis instituciones: Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Asociación de Periodistas de La Paz, Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa, Asociación Boliviana de Radiodifusoras, Asociación Nacional de Investigadores de la Comunicación y Asociación Mundial de Radios Comunitarias, filial Bolivia.

Cuando la CPE se refiere a “su ley”, se trata precisamente de la Ley de Imprenta de 1925, pues no existe otra legislación sobre la materia. Sin duda, le costó al oficialismo incluir “su ley”, pero tuvo que hacerlo ante la presión existente en el país para que se respete la Libertad de Expresión y de Prensa.

Cabe remarcar también que la única vía para legalizar la abrogación o siquiera modificar la CPE es mediante referéndum nacional. ¿O el gobierno se propone seguir violando los contenidos de la CPE, como lo hizo ya con tres leyes que vulneran la Libertad de Expresión y de Prensa, como son la antirracista, la electoral y la de telecomunicaciones?