Juicio político sin sustento legal

El hipotético juicio por extorsión y separatismo carece a estas horas del sustento legal necesario. El ex fiscal de la “causa” Marcelo Soza ha desmoronado toda la tramoya montada por el régimen de Evo Morales para la represión política, al exponer abundancia de pormenores que descalifican y anulan sus propios actuados.

Los jueces y fiscales asignados al caso no tendrían que seguir prestándose a una perversa manipulación. Su crédito profesional y personal pierde toda ponderación y seriedad. Lo que les queda es plantear la extinción de los obrados y hacer que se deje de martirizar a los encausados.

Entre ellos, al respetable general en retiro Gary Prado Salmón, quien tiene la salud gravemente quebrantada; a Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”), al que se lo tiene encarcelado, igualmente con la salud muy afectada, después que era el principal testigo de cargo del oficialismo; y se ponga en libertad inmediata a más de una decena de personas que están encarceladas en La Paz, a las que ni siquiera se les sigue causa judicial alguna desde hace más de cuatro años.

De otra parte, permitir el libre retorno al país de los exiliados forzados, así como de otros que, por distintas razones de represalias y odios políticos, tuvieron que salir del país. El editorial de un diario local mencionó el domingo que más de 1.000 bolivianos se hallan refugiados en el exterior.

En estos casos, se incurre en graves violaciones a los derechos humanos. Pues, los exiliados o refugiados en distintos países del continente se ven obligado a vivir en condiciones precarias. Puede que haya una u otra excepción, pero deben ser los menos.

Más grave aún es que tengan abandonadas a sus familias –padres, esposas e hijos-, tanto por razones afectivas como por las estrecheces que tienen que sobrellevar. Esto sucede seguramente en la mayoría de las veces, por tener a la distancia al proveedor de la familia.

Por último, el daño que se les infiere a presos, exiliados y refugiados, con la pérdida o impedimento de desarrollar sus actividades cotidianas, sean ocupacionales o solamente de orden familiar.

El electorado debe tener en cuenta que el gobierno que pretende replicarse en las elecciones de octubre está violando los derechos civiles de cientos de compatriotas que, en la hora de las desgracias, tienen que ser considerados como hermanos.

La “Comisión de la Verdad”, que recientemente funcionó, integrada por diputados que cumplieron su legítima función de fiscalizadores, logró declaraciones de ex funcionarios del gobierno, que actualmente se hallan recluidos en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, quienes sostuvieron que, al menos, hubo injerencia política del oficialismo en 40 casos judiciales.

Según el informe público que proporcionó en mayo, a tiempo de suspender sus actividades, la Comisión de la Verdad explicó que el objetivo de tales injerencias fue encubrir las acciones ilegales del régimen, en lo judicial y en lo político.

La Comisión refirió que obtuvo declaraciones de Denis Rodas, Fernando Rivera, Boris Villegas y Ramiro Ordóñez, quienes han sido ex altos funcionarios del Ministerio de Gobierno. Reconocieron que, en cumplimiento de órdenes superiores, armaron y sustentaron los juicios de represión política, teniendo como ejecutor al ex fiscal Soza.

Otras personas que igualmente denunciaron o declararon a la comisión parlamentaria, fueron Isabelino Gómez, Roberto Achá, Édgar Mollinedo (ex fiscales) y Moisés Aguilera, ex jefe de Dircabe en Santa Cruz.

De forma coincidente dieron también cuenta que, cuando se los empleaba en la judicialización de la política, operaban gabinetes jurídicos (2008-2011), constituidos por ministros, vice ministros y fiscales.

Una de las funciones de estos gabinetes era nombrar jueces y fiscales para obtener condenas o detenciones irregulares, según informaron a la prensa, individualmente, los diputados Fabián Yaksic y Rebeca Delgado, quienes han sido componentes de la investigadora Comisión de la Verdad.

A los detenidos en Palmasola se les atribuye haber formado parte de una red de extorsión a los presuntos adversarios del Gobierno. Empero, extrañamente, no se les siguen los juicios correspondientes, probablemente para que en las indagatorias a las que sean sometidos no declaren todo lo que saben de las violaciones e irregularidades que comete el régimen.

Por todos estos elementos de juicio, se pone de manifiesto que la causa judicial por supuestos delitos de terrorismo y separatismo resulta ser arbitraria. Si el gobierno tenía tales certezas, no debió matar a Rózsa, a quien le atribuye haber sido el organizador de ambos delitos. Lo que correspondía era detenerlo y enjuiciarlo.

Al carecerse de su testimonio, con los informes detallados que proporciona Soza, desde su refugio en Brasil, y las declaraciones recogidas por la Comisión de la Verdad, el Juicio del Siglo, como lo califica el colega Harold Olmos, carece del virtuosismo de la verdad. Se reduce a una burda tentativa de insistir en la represión política.