La política boliviana: permanente tragicomedia

La época pre eleccionaria es propicia para esclarecer algunos hechos del pasado que influyen al presente y hacen que nuestra política sea de bajo nivel. Desde hace mucho tiempo, la política fue tomada como medio para el acopio de militantes, como retribución a lealtades, el fácil enriquecimiento, para apropiarse de propiedades, nepotismo, derroche de recursos, y un sinfín de abusos de parte de quienes están en situación de gobierno. A esta práctica se la conoce como mala política. La buena política es ciencia y arte y como tal, requiere de permanente análisis y estudio, planificación y prevención para los buenos y malos tiempos, es preparar al país para afrontar los peligros que la acechan. Cuando se sigue la primera, la política se convierte en una tragicomedia puesta en escena por malos actores.

LA TRAGEDIA

Un sueño dorado de muchos ciudadanos que deciden involucrarse en política, es la de llevar a cabo sus proyectos de servicio público con la menor cantidad de controles de parte del patrón Estado. Hasta noviembre de 1982, ese sueño no era posible, pero eso cambió cuando el gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo posesionó como contralor General de la República al señor Antonio Sánchez de Lozada. El nuevo contralor arremetió decididamente en contra del Sistema de Control en vigencia, aprobado mediante D.L. No. 14.933 de 29/09/1977. La característica principal de ese sistema era de mantener en las entidades del Estado, funcionarios de la Contraloría denominados Interventores, para controlar y vigilar las propiedades públicas, apoyados por el DL de aprobación y manuales e instructivas para un buen desempeño de funciones.

Quebrado ese sistema mediante dos simples Resoluciones de Contraloría, el Contralor logra del gobierno del Dr. Siles el DS No. 19.978 de 30/12/83, en el que pide 120 días para “presentar el proyecto del nuevo sistema de control”. Ese decreto será un simple engaño porque el contralor no lo cumple y cuando el país tiene un “nuevo sistema de control”, habrán transcurrido 2.402 días, ese 20 de julio de 1990, fecha en que el Congreso de la República aprueba la Ley No. 1.178, dando vigencia al “nuevo sistema de control gubernamental”, conocido como SAFCO. Pero, ¡oh sorpresa!, cuando leo el texto de la ley, me encuentro con el Art. 14, en el que veladamente se introduce el concepto del “autocontrol” para que los políticos, no obstante haber disfrutado de 8 años de febril saqueo del Tesoro Nacional, sigan disfrutando del libre uso de los bienes públicos, esta vez protegidos por una ley, situación que se mantiene hasta nuestros días.

LA COMEDIA

La existencia de los políticos y funcionarios públicos a partir de agosto de 1983 es de total felicidad, como en la mejor de las comedias, porque se ha cumplido su sueño de nada de contraloría y cero controles especializados. Consolidado el nuevo modelo, su hermano Gonzalo cumple dos periodos de gobierno, uno de 1993/1997 y el segundo de 2002/2006, ambos mandatos plagados de alta corrupción, pero las cosas se le complican a tal extremo a medio mandato que tendrá que salir huyendo del país para salvar el pellejo el 17 de octubre de 2003. Los políticos que sobreviven a esos acontecimientos continúan con el modelo hasta que el “soberano” entiende que sus favoritos le han estado “tomando el pelo” y decide quitarles su apoyo en las elecciones de 2005 y, de esa forma, desaparecen los partidos de izquierda, derecha, neoliberales y todos sus aliados.

CAMBIO DEL MODELO DE GESTIÓN

1.- El modelo de gestión en actual vigencia aprobado mediante Ley No. 1.178, que instruye el “autocontrol” y que es aplicado actualmente, debe ser anulado porque aparte de incentivar la mala administración y la corrupción tiene la peligrosa cualidad de convertir a quienes trabajan bajo su influencia en bestias feroces, porque una vez que experimentan el libre uso de los recursos públicos, se resisten a dejar esa maravilla y están dispuestos a enfrentar cualquier peligro, eliminar a cualquier contrincante y torcer cualquier norma legal para continuar en el ejercicio del Poder, como está sucediendo al presente.

Tampoco ya cuentan las reglas de la democracia ni la alternancia en el poder. Por otra parte, con este modelo es imposible el establecimiento de una clase política eficiente, estable, responsable, bien preparada que tenga a su cargo la conducción del país como en los grandes países, porque todo gobierno que concluye su mandato, tiene que salir escapando en busca de asilo en cualquier parte del planeta, como sucedió con los “neoliberales” y como sucederá con el actual grupo de gobernantes, quienes por efectos del “autocontrol” han convertido a la República de Bolivia en una suerte de propiedad privada que otorga y obsequia a sus aliados bienes públicos, como lo haría un propietario privado generoso; salen de viaje por cualquier motivo, con total libertad y una larga lista de excesos que son propios de un país en estado de descomposición.

2.- La irresponsabilidad de los anteriores partidos políticos no puede continuar con sus actuales herederos, quienes conocen, pero callan los acontecimientos del pasado por simple conveniencia, porque si no corrigen anteriores errores, correrán la misma suerte de sus mayores y el país será catalogado como “Estado fallido”.