Derechos Reales y la inseguridad propietaria

Los trámites en Derechos Reales (DDRR) en todo el país son la pesadilla del público que con distintos motivos resulta víctima de la corrupción de esas oficinas. Y decimos en todo el país porque unas más que otras son denunciadas, pero todas son la “vaca lechera” de sus funcionarios, de arriba hacia abajo. El contacto para cualquier irregularidad en sus registros son los llamados “tramitadores”, en no pocos casos con abogados.

Estas modalidades corruptas han establecido un tarifario que hace posible cualquier irregularidad, desde la obtención de certificado de no tener anotado ningún inmueble en DDRR, para gestiones bancarias es el más solicitado. Los funcionarios cotizan generalmente en dólares la eliminación de hipotecas, deudas, garantías, etc., o su introducción arbitraria. Costos que oscilan entre dólares 600 a 10.000 inclusive, en este caso para acelerar el despacho de las anotaciones de departamentos en edificios nuevos; en fin la gama de estos cobros indebidos es amplia y a gusto del interesado.

Santa Cruz, Sucre y Oruro han provocado la intervención del Consejo de la Magistratura para procesar a diferentes funcionarios. Solo como muestra, en Santa Cruz hay 350 casos sobrepuestos o eliminación de gravámenes. Escrituras públicas fraudulentas comprometen a no pocas notarías. Da idea de la magnitud de la corrupción en ese distrito el desvío de 700.000 bolivianos a la cuenta personal de un funcionario.

Al igual que en el resto de la Administración Pública, otro gran anzuelo para la percepción de coimas es la premeditada dilatación de un trámite cualquiera, más aún en DDRR, donde prima la urgencia. El interesado cansado de esperar se ve en la necesidad de recurrir a pagos extras a fin de “acelerar” el trámite. Otro señuelo son las “observaciones”, por lo general banales o caprichosas con el mismo fin extorsionador.

Estos hechos forman parte de la inseguridad jurídica del país en lo interno y externo. Por tan malas artes funcionarias la propiedad de los bienes cae en la incertidumbre, en la duda o en el peligro de enfrentar deudas y otros inexistentes. Reina la inseguridad. Una de las funciones tutelares del Estado, prevista en la Constitución y las leyes, es la protección del derecho de propiedad, siempre que su origen sea lícito, pero en Bolivia ese derecho puede ser revocado fraudulentamente en el momento menos pensado.

En este baile de la corrupción no se descarta una especie de “caja común” de las coimas para su reparto “institucional”, caja de la que el primer beneficiario es el jefe (Juez Registrador, en este caso) hasta los últimos funcionarios. Práctica, sin duda, que puede tener excepciones. Donde se mire en el aparato estatal está la corrupción.