¿No debía… la Presidenta?

Desde diferentes ámbitos se cuestiona la decisión de la Presidenta de candidatear a la jefatura del Estado. Son varios los argumentos esgrimidos, muchos planteados, legítimamente, por ciudadanos cuyo interés es preservar la democracia y se sienten defraudados, pero están los políticos que, ante una posible mejor opción, frente a la propia, que debía motivar una revisión de sus programas electorales, tratan ¡qué pena!, de limitar su derecho ciudadano.

La critican por no cumplir su palabra, esto evidentemente sería inaceptable en un ambiente político donde actúen con la misma ética los que lo exigen, pero, lamentablemente en nuestro país, los políticos no se destacan por su práctica de valores éticos, esta posición relativista no descalifica el cuestionamiento, pero le quita fuerza, pues, no se debe exigir a alguien que cumpla lo que uno mismo no lo hace.

Dicen que siembra dudas en el proceso electoral, por su nombramiento de autoridades del OEP, olvidando que la mayor parte son elegidos por las mayorías del MAS y un “analista” critica que haya elegido un vocal para el TSE pues: “decía que no iba a intervenir en el proceso electoral”, silencia que así lo dispone la CPE y no la Presidenta. Llega al extremo: “Si ella no hubiera ocupado el cargo ni su propio partido se hubiera fijado en ella”, dicho así, parece ser más que una crítica política.

También se afirma que no fue nombrada para candidata, como si eso requiriese algún nombramiento al margen de lo que dispone la ley, y que debe “llevar adelante la administración de las elecciones”; aunque según el Art. 208.I de la CPE, esto corresponde al TSE. La acusan de dispersar el voto, olvidando sus llamados a la unidad y la indiferencia mostrada por los otros candidatos.

No olvidan el uso abusivo que hizo Morales de los recursos del Estado en su campaña y temen que ocurra lo mismo con la Sra. Añez, además de descuidar sus funciones ejecutivas; verdaderamente actuar como Presidenta y candidata constituye un difícil desafío, veremos si es capaz de separar ambas circunstancias. No debiera ser acusada “antes de”, comparando sus actos con los atropellos del MAS.

No conocemos las ambiciones que impulsan a los políticos afectados, a manifestarse como lo hacen, pero, sabiendo sus antecedentes y los múltiples reproches de que pueden ser objeto, parece que no se trata de un legítimo reclamo, sino del temor de perjuicios a sus propias candidaturas.

Esta circunstancia se da cuando la política en Bolivia alcanzó niveles deplorables en su práctica. Los partidos, vergonzosamente, se convirtieron en agencias de empleo para candidatos sin partido, no importa la ideología, solo la “adecuada compensación”. Ya lo denunció el “negociante” Chi: le pidieron 1,5 millones de US$ para usar una sigla. ¿Es legal?

No será fácil el proceso, pero puede realizarse exitosamente, con la vigilancia ciudadana y un seguimiento cercano e imparcial de los observadores internacionales.