Procuraduría desclasifica archivos de contratos

La Procuraduría General del Estado procedió a la desclasificación de los archivos secretos en los que se encuentran los contratos directos que hizo el gobierno del expresidente Evo Morales para la defensa legal del Estado bajo el amparo del Decreto Supremo 2698 que ya fue anulado, informó el procurador José María Cabrera.

La norma permitía contrataciones directas de consorcios jurídicos para la defensa legal del Estado, mientras que el nuevo DS 4156 obliga la contratación de bufetes internacionales de abogados por competencia.

La autoridad aseveró que el Decreto Supremo abrogado daba la calidad de “secreto de Estado” a todas las contrataciones de bufetes internacionales que se hizo en el gobierno de Evo Morales. Dijo que era imposible conocer los documentos de las contrataciones porque no se registraban en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la nueva norma obliga el registro.

APERTURA Y DESCLASIFICACIÓN

“Se dispuso la apertura y desclasificación de este archivo secreto que se encontraba en una cámara metálica ubicada en el subsuelo del edificio de la Procuraduría”, dijo en contacto con Bolivia TV.

El procurador explicó que el 14 de febrero, el gobierno de la presidenta Jeanine Añez aprobó un proyecto de decreto supremo para anular la norma 2698 “que establecía el secreto para las contrataciones de bufetes internacionales”.

Según el artículo 1 del Decreto Supremo 2698, del 9 de marzo de 2016, “se autoriza a la Procuraduría General del Estado la Contratación Directa de Servicios Especializados de Consorcios Jurídicos, Abogados; sean nacionales o extranjeros y otros Servicios Especializados, para la defensa legal del Estado”. Asimismo, el artículo 5 señala que las contrataciones gozan de “confidencialidad” y que estas están eximidas del registro en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

Cabrera explicó que en virtud de ese decreto y sus condiciones, el gobierno de Morales negaba la información a los legisladores, como el senador Oscar Ortiz, que desde años solicitaban conocer la cuantía económica y la modalidad de contratación de los bufetes internacionales para la defensa legal del Estado en los arbitrajes por la estatización de empresas.

“Ahora vamos a poder contestar mañana (viernes) a la petición de informe escrito a la presidenta del Senado, Eva Copa, para responder a la solicitud que ha hecho el senador Ortiz”, agregó. En esa línea, el procurador adelantó que la información que se obtenga de esta desclasificación también será remitida a los diputados, a fiscales de materia y a la Contraloría General del Estado, para que se hagan las investigaciones correspondientes.

“Esta información se mantuvo en el secretismo y será develada porque es inadmisible que, en un Estado de derecho, como dice la Constitución, ocurran estas cosas”, refirió.