La justicia debe ser motivo de una verdadera política de Estado

La política de Estado es un concepto amplísimo, quizá el más próximo es el conjunto de principios jurídico - socio -filosóficos que constituyen políticas estatales y son concebidos como un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de actores de la sociedad civil.

Al margen de la hegemonía y/o tendencia política existente en un contexto espacio temporal, la política de Estado debe constituir un proyecto de largo alcance y debe versar sobre temas como la educación, seguridad y en este caso la Justicia.

El uso correcto del término debe enmarcarse en todo aquello que afecta al conjunto de un país, y que tiene un evidente valor estratégico, empero con cierta frecuencia se abusa de esta denominación, ya que los políticos matizan sus decisiones afirmando que son auténticas políticas de Estado, cuando en realidad sus propuestas son simplemente electoralistas, populistas o demagógicas.

El país que vive bajo las directrices de “políticas de Estado” a más de tener un norte definido, de saber dónde va, consigue optimizar significativamente los recursos que se invierte en aquellos. Los proyectos que permiten poner en marcha las políticas de acción difícilmente concluyen de forma paralela, con el período para el que fue elegido el presidente de un país, entonces pueden presentarse programas o proyectos que para un mayor impacto requieran de una segunda fase o de un proyecto complementario, y el período presidencial tampoco alcance para su ejecución. Entonces es ahí cuando la premisa de la continuidad, sobre la cual parte toda política de Estado, funciona en beneficio de la consecución de los objetivos nacionales, de largo plazo que se ha trazado un país, independientemente de quienes lo estén dirigiendo.

En nuestro país, a través del paso del tiempo, los diversos partidos antes, ahora los partidos y agrupaciones políticas en sus diversos géneros y ropajes, a la cabeza de sus gobernantes, han esgrimido como “políticas de Estado” cualquier ofrecimiento, como ser educación, salud, economía, seguridad ciudadana y principalmente el tema marítimo.

Todos ejerciendo el poder olvidaron imprimir ese carácter de política de Estado a esos temas de interés colectivo para satisfacer las necesidades y las consecuencias óptimas de los mismos. Y tanto es así, que cada gobierno pretende ser “autor” de esa política de Estado, sin conseguir algún resultado, menos beneficio alguno para quienes estuviera destinado.

El político que sí impulsa unas políticas de Estado es considerado un estadista; en su línea de actuación intenta construir un proyecto de nación al margen de los procesos electorales o de sus intereses personales o de grupo.

Este es el gran e insuperable déficit que ahoga a nuestra clase política, la aplaza y ya no acepta desquites o redesquites, porque son muchos años los extraviados en apetitos personales y/o de grupo que cercenan la legítima aspiración que tenemos como país a encontrar el verdadero derrotero que nos brinde felicidad y bienestar en todo sentido.

La Justicia, valor supremo de una sociedad, debe ser motivo en nuestro país de una verdadera política de Estado, con efecto de evitar los males que hoy padece -el más indigno es la subordinación a los fines políticos y trae consigo la corrupción-, y construir una carrera judicial exenta de apetitos ajenos, y solo aspirar a que los que administren justicia consagren su existencia solo al sometimiento de la ley, como manda la Constitución. Ahí podremos decir que puede existir una sociedad justa.

El autor es Abogado.