Silala: olvido ayer, incógnita hoy

I

Un Seminario realizado por el I. Colegio de Abogados de La Paz (ICALP) tuvo la virtud de aportar ilustrativos antecedentes y realidades en 1997, en torno al “exhumado” tema Silala en 1966, evento del cual tomamos algunos datos referenciales.

Al presente en la Corte Internacional de Justicia de La Haya se halla en trámite la demanda de Chile contra Bolivia sobre las aguas Silala, sustanciación interrumpida por el coronavirus, quedando postergada la etapa de alegatos orales, entretanto en niveles oficiales se mantiene el más hermético silencio. Estos párrafos buscan poner de relieve que tan grave cuestión, como tantas otras que han afectado y afectan nuestros recursos y la integridad territorial, adolecen olvido, descuido y de la incuria de los gobiernos. En especial de la Cancillería del país, como claramente se podrá ver.

El desvío de las aguas de estos manantiales ha sido denunciado desde 1908 --vale decir desde la concesión del uso de las aguas Silala-- por diversos personajes, diplomáticos y técnicos, sin que pudieran lograr la atención de las autoridades por décadas. En cambio debería merecer los más ilustrativos estudios y permanente actualización como previsión para haberse planteado la debida reivindicación ante el mismo Tribunal Internacional u otro competente, o estipular un acuerdo justo y racional entre partes. Chile ha tomado la delantera como si fuera el país agraviado, cuando las circunstancias son precisamente inversas. Empero, más pudo el afán protagonista y de instrumentación política del ex presidente Evo Morales, quien en uno de sus abruptos amenazó a la Moneda con demandarla, no obstante tener las manos vacías para sustentar debidamente la causa. La pretensión chilena es obtener una declaración en sentido de que las aguas litigiosas constituyen un río internacional de curso sucesivo y que, como tal, le corresponde el uso y goce de parte del acuífero, decisión que lesionaría los intereses del verus domine (Bolivia). Sin embargo, se observa a simple vista las obras civiles de canalización ejecutadas por Chile.

Intentaremos la relación y el proceso de abandono de este recurso natural. Nacen las aguas Silala a espaldas del cerro del mismo nombre en cuya cúspide se encuentra el hito fronterizo 16, provincia Sud Lípez, cantón Quetena, departamento de Potosí. El hídrico cuenta con tres surgentes u “ojos” principales y seis menores. Discurren en una planicie al oeste del indicado cerro. El entorno abarca una cuenca de unos 50 kilómetros de donde surgen también otros manantiales. Los embalses construidos por Chile en territorio boliviano captan las aguas mediante canales de piedra en un primer tramo, siendo embalsadas a un canal principal de 50 centímetros de profundidad. En proximidades de la frontera las aguas se vierten a un estanque de tratamiento y decantación. Desde este punto se conectan a una tubería subterránea, emergiendo en territorio chileno para escurrirse a otro estanque. Como se ve, las obras efectuadas no existen por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por obreros procedentes del otro lado de la frontera, en nuestro propio territorio. Estos extremos no están en una Escritura Pública de 1908 y carecen de consentimiento de Bolivia y menos aún de un convenio bilateral.

El 24 de septiembre de 1908 entre la prefectura de Potosí y The Antofagasta and Bolivian Railway Co., se firmó la Escritura Pública No. 48 por la que se le concedía el uso de aguas Silala o Siloli, exclusivamente para el funcionamiento de los ferrocarriles de la indicada empresa. Mucho antes de la Escritura, los surgentes Silala y otras aguas eran objeto de captación y desvío a territorios chilenos. El 1888 Huanchaca y Co. --de propiedad de Aniceto Arce-- condujo parte del río Loa a Calama y Antofagasta estando en curso el Pacto de Tregua boliviano-chileno. Aguas bolivianas no sólo servían al Ferrocarril Bolivia-Antofagasta sino también a esta ciudad. Según el internacionalista Valentín Abecia, para surtir de agua a dicho puerto, en 1898 se incorporan flujos del Río Cebollar y Pillapi y en 1904 del Palpaña, Ujina, Ujina Grande, Puquios y Silala. Esta red fue y es captada de la señalada cuenca para ser conducida y vendida en territorio trasandino desde el Siglo XIX. A fines del mismo, Huanchaca transfirió sus acciones del Ferrocarril Antofagasta Bolivia al consocio chileno-inglés, por lo cual este asumió la totalidad del negocio de venta de agua boliviana.

En 1904 el Ferrocarril Antofagasta Bolivia era el único concesionario de estos suministros a esa ciudad. Hubo un informe reservado del cónsul boliviano señalando además el costo que cobraba la empresa por metro cúbico. Distintos informes consulares se sucedieron sin respuesta. El citado conferencista consideraba hace unos 23 años que nuestras aguas servían a una 100 mil personas, dotándolas de 150 litros día por habitante, usuarios que deben calcularse incrementados 3 o 4 veces más al presente.

El ciudadano Pablo Baudín denunció en 1908 a The Antoagasta and Bolivian Railway Co., ante la Comisión Fiscal Permanente, por la venta que hacía a Antofagasta de las aguas Silala, sobrepasando los términos de la concesión de 1908. La empresa adujo que gracias a las obras realizadas esas aguas “antes sin valor alguno”, habían pasado del dominio público a dominio privado e impugnaba la jurisdicción de la Comisión Fiscal. Ésta declinó a la Contraloría General, desde donde nunca prosperó. Lo correcto habría sido pasar a conocimiento de la Justicia del país. Esta denuncia evidencia que la compañía inglesa-chilena logró la concesión para encubrir el empleo subrepticio e ilegal que hacía del líquido elemento con mucha anterioridad, sin el necesario consentimiento del dueño del territorio.

Se registran distintas alertas y denuncias sobre estos temas: En 1959 la Comisión Demarcatoria de Límites advirtió al canciller Walter Guevara, acerca de la utilización abusiva de los manantiales. Se intercambiaron notas ente La Paz y Santiago, pero sin consecuencias. En 1962 el consulado denunció el caso ante las autoridades nacionales; entonces surgió el tema del Lauca y paralizó el caso, el presidente Alessandri ordenó la apertura del desvío del río Lauca el 14 de abril de 1962.

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