Plan de Desarrollo Rural, mucho ruido, pocas nueces

Un optimista plan para reactivar la crisis de la producción de alimentos --según el Ministerio de Desarrollo Rural-- ante la pandemia del coronavirus, ha originado la atención y un respiro de alivio para los agricultores, ansiosos de encontrar solución para los grandes problemas de la economía agraria del país que son arrastrados desde tiempo atrás.

El plan fue preparado por un equipo de numerosos técnicos de la burocracia agropecuaria ministerial, que lo bautizaron con el título de “Plan nacional de respuesta y racionalización para reactivar el sector agropecuario afectado por la pandemia del coronavirus”, cuyo costo de aplicación llegará a los 873 millones de dólares, monto elevado para el momento de crisis. Ofrece generar cien mil empleos, proporcionar fertilizantes a 300 mil agricultores, aumentar consumo de productos nacionales, implementos, reducir el contrabando, etc. En particular ofrece apoyar las exportaciones agropecuarias.

Se trata, a lo más, de un plan agropecuario que busca hacer funcionar aspectos técnicos que tienen mínimo de porcentaje de éxito por las causas que los determinan (excepto en el Oriente) y no permiten el desarrollo agrícola ni ganadero tradicionales, como ser la persistencia de características arcaicas de formas de producción, distribución de la propiedad de la tierra, mantenimiento del bajo desarrollo de la comercialización y del consumo, férreamente impuestos por la Constitución vigente, de franca orientación feudal, antidemocrática, antinacional e inclusive anti indígena.

La base sobre la que se desarrolla la agricultura es el régimen legal de propiedad de la tierra y la forma cómo se realiza el trabajo de producción, pero estos dos factores básicos no son atendidos por el plan, que desconoce esos antecedentes determinantes, lo cual significa, si no se atiende y cambia las causas, que los efectos serán siempre los mismos, como ocurrió durante los catorce años de populismo.

Efectivamente, si no se toma en cuenta las causas del problema, los efectos serán siempre iguales, solo se obtendrá resultados muy bajos o ninguno y los esfuerzos técnicos e inversiones serán como echar agua en la arena. Si no se cambia o reforma esas causales (como se observa en el Plan), los resultados serán insignificantes y las buenas intenciones se las llevará el viento. ¡Mil millones de bolivianos al basurero!

El sistema de producción agropecuaria en todo el país es primitivo, pese a la reforma agraria y la Ley INRA conservado por el Plan de desarrollo rural, la Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria vigente (de Evo Morales), etc. Es más, ese régimen medieval de trabajo de la tierra subsiste sobre una distribución antiquísima de la propiedad de la tierra, inclusive en el Oriente. Además, el primitivísimo sistema comunitario de tenencia del suelo que quiso hacer revivir por todos los medios el gobierno de Evo Morales, por medio de la Constitución de 2009, fue catastrófico. Y por esas características del plan del Ministerio de Desarrollo Rural, se quiere eternizar, mantener invariable ese régimen oscurantista o “perfeccionarlo”, como parece.

Esos puntos básicos no existen ni por asomo en el Plan Agropecuario aprobado por la ministra Capobianco. Olvida las causas y se reduce a los efectos más secundarios. La inversión de casi mil millones de dólares será como la compra de la Planta de Bulo Bulo o cualquier otra, lo que ha hecho decir que la agricultura es cosa muy seria para ser dirigida por agricultores. El Plan no propone cambiar esas estructuras preincaicas y comunitarias, y también es necesario cambiar la Constitución de Evo Morales, donde se encuentra el origen del mal. Pero de eso ¡ni hablar!