Inicia juicio por presunta corrupción política con 38 imputados en Brasil

Brasilia.- El Tribunal Supremo de Brasil dio inicio ayer al juicio, en el que tres exministros y otros 35 políticos y empresarios responden por los escándalos que en 2005 pusieron en jaque al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Ayres Britto, declaró abierta la sesión e inmediatamente leyó uno a uno los nombres de todos los acusados de este caso, que trata sobre una supuesta red de sobornos a parlamentarios y financiación ilegal de campañas políticas.

Tras esa lectura, el abogado Marcio Thomas Bastos, defensor de algunos de los acusados y ministro de Justicia durante el Gobierno de Lula, pidió la palabra para solicitar al tribunal que juzgara a cada uno de ellos en forma individual y no en grupo, como se propone el Supremo, lo cual comenzó a ser debatido por los jueces.

Esa petición de Bastos generó la primera gran polémica de este proceso, ya que el juez instructor, Joaquim Barbosa, la desestimó de plano al afirmar que el asunto ya había sido “discutido y decidido”, informó Efe.

Según la Policía Federal, mediante esa trama fueron desviados 101 millones de reales (en la época unos 42 millones de dólares).

El proceso ya está calificado por juristas y analistas políticos como el “mayor juicio por corrupción” de la historia del país, tanto por la cantidad de acusados como por el relieve de muchos de ellos, entre los que figuran varios antiguos y fieles “escuderos” de Lula, quien pese a estar en medio de todas las sospechas no fue procesado.

El más prominente de todos es José Dirceu, quien en 2002 coordinó la campaña que llevó a Lula por primera vez al poder y hasta que estallaron los escándalos, hace siete años, fue ministro de la Presidencia y manejó todos los hilos políticos del Gobierno.

El caso que analizará el Supremo se refiere a denuncias sobre una supuesta trama financiera ilegal para financiar la campaña que llevó a la presidencia a Lula, que luego se habría mantenido para sobornar a decenas de diputados y “comprar” sus votos en favor del Gobierno, que asumió el 1 de enero de 2003 sin mayoría parlamentaria.

El escándalo fue destapado por el exdiputado Roberto Jefferson, otro de los acusados y actual presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB), quien en junio de 2005 hizo público que el PT había pagado cuatro millones de reales (entonces 1,6 millones de dólares) por el apoyo de esa formación al Gobierno de Lula.

En el banquillo de los acusados también estarán el expresidente del PT y actual asesor del Ministerio de Defensa José Genoino, y el entonces tesorero de esa formación, Delubio Soares.

Asimismo, deberán responder ante el Supremo el exministro de Información Luiz Gushiken y el expresidente de la Cámara Baja y actual diputado Joao Paulo Cunha, ambos del PT, que por ese caso se vio obligado a renovar a toda su dirección nacional en 2005.

El único de los dirigentes que tenía en esa época el partido al que también pertenece la actual presidenta, Dilma Rousseff, que no será juzgado es Silvio Pereira, exsecretario general del PT, quien llegó a un acuerdo con la Justicia y cambió una eventual condena por servicios comunitarios por un período de tres años.

Otro procesado es el publicista Eduardo “Duda” Mendonca, quien dirigió todo lo relativo a la imagen de Lula en la campaña de 2002 y confesó que parte del pago por sus servicios le fue depositado por el PT en cuentas que debió abrir para ese fin en paraísos fiscales.

DATOS

- El más importante de los acusados es el publicista Marcos Valerio Fernandes, calificado por el Ministerio Público como “un verdadero profesional del crimen”.

- Según el Ministerio Público, el patrimonio de Fernandes se multiplicó 60 veces entre 2003 y 2004, los dos primeros años de Lula y el PT en el Gobierno.

- El Supremo ha calculado que el proceso demandará unas quince sesiones hasta llegar a la sentencia, que se prevé para mediados de septiembre próximo.