Según Coordinadora de Defensa del Desaguadero

Gobierno no garantiza el derecho al agua y a la vida con Ley Minera


Oruro, (EL DIARIO).- El proyecto de la Ley Minera, que se presentó como “consensuado” ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, “no garantiza ni protege las condiciones de vida de las comunidades indígenas ni el derecho a la vida saludable que el Estado debe garantizar”.

La declaración fue emitida por el presidente de la Coordinadora de Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), Félix Laime, después que los miembros de esa institución, realizaron una reunión extraordinaria para analizar el proyecto de Ley Minera. “El proyecto de Ley Minera, presentado a la Cámara de Diputados, no fue consultado con todas las organizaciones sociales, sino que solamente se ha consensuado entre el Gobierno y el sector minero cooperativista”, afirmó el dirigente, en un documento entregado a la prensa.

“En ese sentido, se ha violado el derecho fundamental a la consulta”, agregó. Consideró que, por ese motivo, “se ha antepuesto la actividad minera, como un recurso natural mercantilizado”.

Coridup planteó “exigir a las autoridades legislativas la aprobación del anteproyecto de Ley marco de Aguas para la Vida, de manera previa a la nueva Ley Minera”.

Según el documento, se ha decidido “rechazar algunos artículos de la Ley Minera, puesto que consideramos que contiene artículos que discrepan con nuestra Constitución Política del Estado, la Ley de la Madre Tierra, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de las Naciones Unidas y otras normativas actualmente vigentes en el país”.

Las comunidades que viven alrededor del río Desaguadero y de los lagos Uru Uru y Poopó se consideran las primeras afectadas por la contaminación y se declaran en emergencia, a partir de la fecha. Esa institución agrupa a 80 comunidades campesinas del Desaguadero, San Juan de Sora Sora, Poopó y el Cañadón Antequera del departamento de Oruro.

“En último caso, tomaremos medidas de hecho”, explicó Coridup. Según el informe de esta Coordinadora, alrededor de las 80 comunidades agrícolas y pecuarias existen al menos 300 minas, pero durante las últimas décadas, “la situación ambiental se ha convertido insostenible, afectando a la producción agropecuaria de las comunidades”.

 
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