Mujeres y ancianos son los más afectados en derechos humanos

Los sectores de la población que más denuncian la vulneración de sus derechos humanos en oficinas del Defensor del Pueblo son las mujeres y los adultos mayores, según explicó a EL DIARIO el representante de la entidad en la ciudad de El Alto William Mass Torrelio.

DATOS

De acuerdo con los datos registrados por esta entidad durante la presente gestión, la población que más ha acudido a la delegación defensorial en El Alto son las mujeres, con 1.186 casos (31%); seguido por adultos mayores, 1.030 casos (27%); Niñez y Adolescencia, 532 casos (14%); personas con discapacidad, 65 casos (1,7%); personas privadas de libertad, 52 casos (1,3%); y el resto de las atenciones llega a 926 (25%), quienes pertenecen a otros grupos vulnerables como policías, militares, conscriptos, jóvenes, migrantes, personas que viven con VIH y otros.

Hasta el 8 de diciembre de la gestión 2016 se ha atendido un total de 3.818 ciudadanos (varones 49,5% y mujeres 50,5%).

Quienes denunciaron a instituciones públicas y empresas que prestan servicios públicos para la atención de las demandas y necesidades ciudadanas llegaron a un total de 2.375 casos (63%); se orientó a un total de 547 ciudadanos (14%) y se han recibido quejas por vulneración a derechos por parte de servidores públicos en un total de 878 casos (23%).

INSTITUCIONES

En los datos registrados por la Defensoría, llama la atención que la institución de la Policía Boliviana hubiera sido relegada de los primeros lugares del listado de instituciones denunciadas por la población sobre casos de vulneración de los derechos humanos, aspecto que para Mass indica que “al parecer están respondiendo mucho más a la demanda de la gente, están siendo más respetuosos”.

La instituciones más involucradas y denunciadas son el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (28%), la Fiscalía Departamental de La Paz (15%), la Dirección Departamental de Educación La Paz (12%), Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (10%), el Servicio de Registro Cívico (8%), el Servicio General de Identificación Personal (5%) y el resto de casos con otras instituciones públicas (22%).

DERECHOS MÁS VULNERADOS

En consecuencia, los derechos más denunciados que involucran a personas particulares son: el derecho a la información, referidas a tarjetas prontuarios del Segip u otro documento del Serecí (18%); derecho a la propiedad privada individual y patrimonio, por temas de avasallamiento, seguridad jurídica de la vivienda, falta de titulación tanto en el área urbana como rural, etc. (14%); derechos en la familia, recurrentemente violencia familiar y acceso a la asistencia familiar (14%); derecho a la identidad, sea certificados de nacimiento, matrimonio, defunción o la obtención propiamente de la cédula de identidad (13%); derecho al acceso a la Justicia, por falta de abogado para demandas o para asumir defensa (11%); y los otros derechos un 30%.

Asimismo, cabe señalar que entre los derechos más vulnerados por servidores de una institución pública están: garantías al debido proceso, entre ellas falta de requerimientos por los fiscales, incumplimiento en los plazos procesales para la emisión de informes conclusivos, suspensión sistemática de audiencias u otros actos procesales (21%); derechos laborales, por inestabilidad laboral o incumplimientos a las conminatorias de reincorporación, y en algunos casos por falta de pago de salarios y otros beneficios sociales (12%); derechos de la niñez a la asistencia familiar (11%); derecho a la identidad (10%); derechos de la mujer en casos de violencia familiar (8%); y otros derechos en un total del 38%.