La funesta herencia de Pinochet

De no existir una asamblea especialmente convocada y elegida democráticamente para definir un nuevo régimen institucional en Chile, es muy difícil que esta tarea pueda ser acometida por la llamada clase política. A los gobernantes de turno y a los parlamentarios les cuesta mucho prescindir de sus intereses electorales y demostrar la grandeza necesaria para definir lo que le convenga realmente al país. Si se está en el Ejecutivo, la tendencia natural es a preferir los regímenes presidencialistas; si se es mayoría en el Poder Legislativo, lo corriente es que es que se abogue por el parlamentarismo.

Asimismo, si se les consultara a los ciudadanos de regiones, es muy probable que éstos en su mayoría se inclinen por un régimen federal, más que por el unitario que rige en buena parte de nuestros países. El autoritarismo presidencial pudo ser muy razonable en los albores de nuestra república, cuando Chile era más un Estado que una homogénea nación.

Con seguridad, diversos intelectuales y especialistas, como las propias universidades, podrían aportar mucho más que los profesionales de la política a la hora de definir un orden institucional que reemplace al instaurado por el régimen cívico militar. Muy autoritario y poco democrático, a pesar de los cambios cosméticos hechos posteriormente en esta dilatada pos dictadura.

Desde fuera del poder y las contiendas electorales, la academia podría aportar mucho más a la hora de definir las atribuciones de los poderes del Estado y procurar su genuina independencia. En acotar, por ejemplo, las facultades del Tribunal Constitucional, cuya tarea suele defenderse o cuestionarse según la posición que adopten sus integrantes en cada tema y resolución. Una corte, como se reconoce, cuoteada políticamente, más que constituida por mérito y trayectoria. Afectada por el mismo vicio que se practica a la hora de integrar nuestros tribunales de justicia y otras instituciones del Estado que debieran ser autónomas, si no mediara siempre el intenso lobby o tráfico de influencias para la designación de sus integrantes.

Se afirma corrientemente que se necesita de verdaderos “estadistas” para ocuparse de una reforma institucional, es decir de personas que tengan al país como objetivo fundamental en sus propósitos y quehacer. Sin embargo, ya sabemos que hace mucho tiempo no asoma un líder o lideresa de este talante en nuestro país. Menos, todavía, cuando el fenómeno de la corrupción ya está tan entronizado en el llamado “servicio público”. Cuando a todos nos consta cómo se ha legislado en los últimos años a la sombra del cohecho y otras funestas prácticas que, además, involucran a los grandes empresarios y otros grupos de presión.

A pesar de que en un momento pudo prosperar la idea de convocar a una Asamblea Constituyente, finalmente se ha impuesto la férrea oposición de la derecha a tal posibilidad, sumando a su favor a connotados dirigentes de la llamada centro izquierda que siempre le pusieron zancadillas a una propuesta que alcanzara gran arraigo popular. Hoy parece consolidado que lo mejor sería que una nueva Constitución resultara de una tramitación parlamentarias a iniciativa de la Moneda. Pero ya cumplió un año el gobierno de Sebastián Piñera y no hay asomo de algún aliento oficial al respecto, así como tampoco ahora las diversas bancadas parlamentarias parecen preocupadas por el tema.

Recordemos que se gastó ingentes recursos en los últimos años del gobierno de Michelle Bachelet para un proceso constituyente ciudadano que no prosperó y solo sirvió de estratagema proselitista para favorecer a la coalición política gobernante, la que de todas maneras resultó derrotada y desintegrada en los últimos comicios presidenciales y parlamentarios.