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La Dirección General de Migración activó la alerta migratoria para el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y se amplió la investigación para cinco funcionarios, por presuntas irregularidades en varios procesos de contratación directa durante la emergencia sanitaria por el Covid–19, informó ayer el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío.
“Se amplió la investigación contra otros cinco funcionarios de YPFB del área administrativa financiera, contrataciones y el área legal por los presuntos delitos de uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes. La ampliación se hizo sobre la base de las declaraciones testificales de otros involucrados que ya fueron sometidos a audiencia de medidas cautelares y documentos colectados durante la investigación”, dijo.
La autoridad informó que el expresidente de YPFB fue convocado a declarar en dos oportunidades. Sin embargo, no se presentó, hecho que agrava su situación procesal y deja en evidencia la existencia de riesgos procesales.
La exautoridad de la estatal petrolera aseguró que no recibió ninguna notificación y denunció persecución política.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el expresidente de la estatal petrolera habría emitido la resolución administrativa Nº 78/2020 denominada “Contratación Directa por Emergencia”, para permitir realizar varias contrataciones directas, sin previa licitación, como la compra de seguros para YPFB a la empresa Credinform, contratación que fue cancelada por presuntas irregularidades.
