Alojamientos: negocio que protege ilícitos

Los alojamientos fueron creados para dar hospedaje a turistas nacionales y extranjeros, pero esta actividad económica en los últimos siete años protege diferentes ilícitos, sea por desconocimiento de normas existentes o porque solo responde al criterio de negocio.

En ciudades próximas a fronteras con Brasil o Argentina, como Cobija, Villazón y Bermejo, así como en Santa Cruz, Beni, y sobre todo en El Alto (a donde ingresan ciudadanos indocumentados del Perú), los alojamientos también sirven para pernocte de personas dedicadas a una serie de ilícitos.

Pequeños e insalubres cuartos son permisibles al consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, comercio sexual, actividades no solo practicadas por individuos sino incluso por grupos de menores de edad, adolescentes de ambos sexos, quienes logran cobijarse en alojamientos, sin presentar documentación que los identifique.

En muchos casos, los constantes operativos realizados por diferentes instancias no logran modificar los resultados de riesgo e inseguridad ciudadana que generan los alojamientos. Al respecto, según un estudio presentado por el municipio de El Alto, denominado “Diagnóstico Situacional de los Alojamientos”, de 400 alojamientos el 60% es legal y el 40% clandestino, pero de todos ellos el 90% vulnera normas como la Ley Niña Niño Adolescente, la Ley 259 de Expendio y Comercio de Bebidas Alcohólicas, las normas hoteleras, entre otras que exigen que dichos espacios garanticen no solo seguridad a los huéspedes, sino sobre todo a los vecinos próximos a estos establecimientos y a toda la población.

No es aceptable que dentro de estos negocios, por precios de 30, 50 o 100 Bs, por un pernocte momentáneo, se permita el ingreso de menores de edad, consumo de bebidas alcohólicas, drogas. Lo peor es que muchas veces se han atendido casos de muerte de personas por robo agravado o feminicidios.

Los alojamientos que antes estaban cerca de terminales terrestres, aéreas, hoy están instalados en edificaciones, donde hay expendio de bebidas alcohólicas y funcionan como bares, cantinas, lenocinios, los cuales no generan inseguridad para parroquianos o huéspedes, sino ante todo para vecinos de zonas urbanas, donde se ubican establecimientos escolares, universidades, centros de salud y comercio de alimentos.

En los alojamientos se incuban organizaciones criminales que aprovechan ese cobijo no solo para planificar actividades ilícitas, sino para usar estos espacios para acopio de productos de robos en las calles, como celulares, mochilas, tablets, entre otros, los cuales suelen ser encontrados por organismos policiales, pero quedan solo como antecedentes, pues las víctimas no hacen denuncias.

Si bien la gobernación en cada departamento debe realizar constantes controles y clausuras de alojamientos que infringen normas, esta instancia al parecer no solo no cumple tales deberes, sino que a la fecha no define medidas para favorecer controles, como la instalación de cámaras de vigilancia con el propósito de evitar el pernocte de organizaciones criminales o de menores.

Es tiempo de que los alojamientos dejen de ser un negocio para ilícitos y brinden servicio de pernocte en beneficio de políticas de turismo nacional y extranjero. Que dichos centros no generen inseguridad para la población boliviana.