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El Gobierno deforesta para alimentar a las máquinas

Angélica Siles Parrado

En 2008, Evo Morales decía: “El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben generar políticas para frenar la producción de biocombustibles y de este modo evitar hambre y miseria para nuestros pueblos”, primero las personas antes que las máquinas. Pero con el proceso de cambio, el 18 de marzo Morales, la Confederación de Empresarios Privados y los productores del agro cruceños firmaron un acuerdo para la siembra de una nueva variedad transgénica del grano. Luis Sánchez, Ministro de Hidrocarburos, informó que esa producción será destinada al biodiesel, cuyos cultivos producirán 100 millones de litros de biodiésel para mezclar al 5 % con diésel de petróleo. El gobierno deforestará 420.000 Ha. para producir etanol y biodiesel.

Miguel Crespo, de Probioma, en Santa Cruz dijo que esta medida gubernamental tendrá grave impacto en la producción de alimentos, donde el país no es autosuficiente y menos soberano. Morales autorizó a Bioceres, empresa que produce biodiesel, que tiene como accionista a Monsanto-Bayer (con 11.000 demandas por provocar cáncer). Bioceres proveerá material modificado, para el uso de la semilla de soya HB4.

En marzo de 2018, YPFB suscribió un millonario contrato con 5 ingenios azucareros de Santa Cruz para producir etanol. La producción de etanol consiste en la generación de 80 millones de litros de alcohol anhidro en 2018 y 380 millones de litros hasta 2025, lo que implica monocultivos como maíz o sorgo, reemplazar por caña y se deforestará 200 mil Ha. más, con la destrucción de aéreas naturales, eliminación de la cobertura vegetal y de materia orgánica del suelo y acelerar el calentamiento global. La nueva política del Gobierno obedece simplemente a la menor producción de hidrocarburos en el país, que no cubrirá toda la demanda, y puede reducir la potencia de los motores, por la menor densidad energética del etanol -30 %.

El sector soyero adquiere diésel subsidiado para la maquinaria agrícola que opera en la zona de expansión y el norte integrado. “Para 250.000 Ha. se necesita diésel y más de 25 kg/ litros de pesticidas por hectárea, se estima que se descargará en el campo cruceño alrededor de 6 1/5 millones de kg/ litros de pesticidas”. El negocio del etanol podría obtener 500 millones de dólares, el gobierno importó maíz transgénico de la Argentina para cubrir la demanda nacional, violando la ley, porque las semillas transgénicas ingresan al país sin control.

El ingenio azucarero Guabirá inició oficialmente la producción de etanol para entregar a YPFB. Con esto, se inicia el proceso para la fabricación del “combustible verde”, en el que se mezclará el etanol como aditivo a la gasolina, hecho que vulnera el uso de semilla HB4, Art. 27 Num 8 de la Ley de la Madre Tierra, que establece que se debe eliminar los cultivos transgénicos que existen en el país.

Morales con su política nefasta de cambiar los alimentos de la vida por las máquinas, con sacrificio de los recursos naturales, la expansión de la frontera agrícola, elevación del precio se los alimentos y mayor contaminación, aprobó el proyecto de ley para la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos para gasolina y diésel oíl con base en etanol, producido en Bolivia, lo que implica seguir importando trigo y harina de trigo, papa, hortalizas y verduras para vivir.

Con el proyecto de ley del etanol se creará la competencia por el uso de la escasa tierra apta para la agricultura entre la producción de alimentos y la producción de biocombustibles, para ello Bolivia deforestará 5 MM de Ha. hasta 2025 en “sociedad” con multinacional de EEUU, para convertirlas en parcelas de cultivo de soya. La empresa estadounidense Cargill es la responsable de alentar la tala de árboles en Santa Cruz. Una investigación del grupo ambientalista Mighty Earth la responsabilizó de la gigantesca emisión de gases de efecto invernadero en el país, a la atmósfera 93 millones de ton. anuales provocadas por la deforestación, sólo comparable con algunos países de Europa.

La autora es Economista – Abogada Constitucionalista.

 
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