Denunciados por tortura declararán como testigos

Para las 10.30 del martes 9 de junio de 2020 está prevista la declaración, en calidad de testigos, de los efectivos policiales Christian M. R. R. y Romel G. A. C., dentro el juicio oral que le siguen a Juan Bascopé. Ambos fueron denunciados ante el Ministerio Público por torturas que habrían cometido contra la humanidad del acusado.

Juan Bascopé guarda detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, desde el 17 de julio de 2014, acusado por la muerte de cuatro efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Apolo.

El 22 de noviembre de 2019, el Ministerio Público rechazó la denuncia de tortura de Juan Bascopé, sin haber realizado la reconstrucción de los hechos ni pedir un informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y violencia estatal (ITEI), solicitado por su defensa legal y donde las dos personas que declararán hoy son las principales denunciadas, según informó a EL DIARIO, en entrevista anterior, la defensa dentro del caso tortura a Bascopé, Mary Rodríguez.

Según relato que Bascopé hizo a EL DIARIO, el 17 de julio de 2014 un grupo de oficiales vestidos de civil lo detuvieron en Mapiri, mientras él compraba semillas. Según le dijeron algunas de sus amistades, efectivos policiales y militares lo buscaban por la muerte de dos militares, un policía y un médico, quienes habían sido asesinados a tiros cuando participaban de la erradicación de coca en octubre de 2013 en el municipio de Apolo.

Por esos decesos más de una veintena de personas fueron encarceladas, empero todas, excepto Juan Bascopé, fueron beneficiadas con medidas sustitutivas y a la fecha fueron declaradas en rebeldía porque se desconoce su paradero.

Bascopé recordó que los días jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de julio de 2014 sufrió una serie de torturas por parte de policías y militares. “Querían anular mi vida”, recuerda, al lamentar que desde ese año vive una muerte civil, ya que a la fecha, no puede recuperarse de todas las secuelas que le dejaron esos malos tratos.

“No puedo recuperarme y nadie se hace cargo de mi salud, me duele mi cabeza, pierdo la memoria, mis hombros dislocados no pueden sanar, mis omoplatos me duelen, el dolor de mi ombligo no me deja parar ni sentarme fácilmente, he perdido el 95 % de mi visibilidad, tengo mareos constantes y ahora la cosa está peor con la pandemia, ya que ni a mi familia puedo ver”, lamentó.

Bascopé considera que la tortura de la que fue víctima, tenía el objetivo de que se incrimine en la muerte de las cuatro personas, por ello las autoridades judiciales y penitenciarias “han querido borrar todo indicio” del trato cruel del que fue víctima.

De acuerdo con el cuaderno de investigaciones al que tuvo acceso EL DIARIO, en la audiencia de medidas cautelares el abogado defensor denunció tratos crueles contra Bascopé, pero tampoco fue tomado en cuenta.

TESTIGOS

Los policías Romel G. A. C. y Christian M. R. R., que declararán el martes, fueron reconocidos por Bascopé como sus torturadores que le dejaron serias secuelas en su físico y en el aspecto psicológico.

“Los funcionarios (policiales) carecían de ética, me anularon la vida, me mataron en vida, bajo las órdenes del entonces viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez Valenzuela”, señaló el afectado a la ANF.

En entrevista anterior con EL DIARIO, el doctor Andrés Gautier, miembro del ITEI, manifestó que a solicitud de esa institución, dos peritos del IFEG (Independent Forensic Expert Group) vinieron a realizar una valoración a Bascopé, misma que no fue reconocida porque no se siguieron los requisitos exigidos; como el requerimiento que debió salir de un Juzgado.

“Tenemos ese peritaje aunque no ha sido reconocido. Está claro que hay secuelas psicológicas y físicas porque todos estos años ha sufrido de una presión alta ligada a una tensión, por eso tiene dolores de cabeza frecuente”, explicó.

En esa línea, Gautier explicó que al inicio del proceso, el Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) rechazó hacerle una valoración física, y a insistencia de otras instituciones, lo hizo tres meses después, empero solo una valoración externa, donde aparentemente ya no habían moretones, y no pidieron una investigación especializada de las dolencias. “Como era previsible dijeron que no había nada”, dijo.

CASO APOLO

En octubre de 2013 se produjo una incursión violenta a comunidades de Apolo con motivo de la erradicación de coca excedentaria. Varias investigaciones que se hicieron, entre ellas el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, establecen que el ingreso de la Fuerza de Tarea Conjunta, policías y militares, no fue precisamente a cocales excedentarios, sino a zonas de producción tradicional de coca.

Como resultado del hecho se produjo el deceso de cuatro personas, Willy Yujra Mamani, suboficial de la Fuerza Naval; Michael Joel Olivares, médico; Johnny Reynaldo Quispe Chura y Oscar Gironda Porres, subtenientes del Ejército. Además de 30 heridos y 17 detenidos enviados a la cárcel de Patacamaya.

Más de cien niños y sus familias fueron refugiados en la Iglesia de Apolo, bajo la protección del padre Dionicio Zabala, contra quien el gobierno de Evo Morales lanzó una feroz campaña de desprestigio.

El entonces asambleísta departamental, Víctor León Chalco, fue secuestrado por algunas horas en la ciudad de La Paz, por encapuchados, que le exigían nombres de dirigentes de Apolo.

CARTAS

En febrero pasado Bascopé envió una carta manuscrita a la presidenta constitucional Jeanine Añez, así como al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. y al ministro de Justicia Álvaro Coimbra, con la esperanza de que el cambio de gobierno suponga para él alcanzar la justicia ya que lleva mas de cinco años con detención preventiva.