Octubre 2003: nacionalización, auditoría y costos recuperables

Diversos sectores participaron en la gigantesca movilización de octubre de 2003, fue la más grande insurrección del pueblo boliviano, que culminó con la inmolación de humildes ciudadanos y de centenares de heridos, que exigían con justa razón la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, como la mejor alternativa para potenciar la economía nacional y convertir a YPFB en una empresa dinamizadora que controle y dirija con eficiencia la dinámica productiva de los hidrocarburos.

Para cumplir con este importante objetivo, el gobierno del “cambio” debió previamente romper el esquema neoliberal causante de la alineación exportadora de materias primas, que enriquece a otros países y empobrece a Bolivia.

Nacionalización

La nacionalización de los hidrocarburos por Decreto Supremo No. 28.701 de fecha 1-5-2006 tuvo impacto favorable en la comunidad nacional porque significaba la recuperación y control total de los hidrocarburos a favor del Estado boliviano.

De haberse nacionalizado e industrializado en los términos que señala la ley, con seguridad se habría resuelto muchos problemas económicos y sociales del pueblo boliviano: la extrema pobreza, el desempleo, la supresión de subvenciones millonarias por importación de combustibles, la cancelación de la deuda interna y externa, mayores ingresos para el Tesoro General de la Nación, etc.

Lamentablemente la mencionada nacionalización se limitó solamente a la adecuación de los contratos petroleros a la ley en vigencia y al incremento tributario dispuesto por la ley No. 3.058, que dispone 50% para el Estado (18% regalías y 32% IDH) y el otro 50% destinado a reembolsar a las empresas petroleras transnacionales por “costos recuperables” y la distribución de utilidades, etc. Por lo demás el Gobierno plurinacional ambivalente dio continuidad a la política energética neoliberal exportadora de materias primas, como fiel intérprete de su identificación con los principios básicos del neoliberalismo: “igualdad de precios, libre competencia, estabilidad económica”, etc. y la prueba más contundente es el impopular Decreto Supremo No. 748, denominado “gasolinazo”, abrogado por presión popular.

Auditoría petrolera

En sujeción al DS No. 28.701 el Ministerio de Hidrocarburos asumió la responsabilidad de suscribir contratos con empresas especializadas en auditoría petrolera para cuantificar las inversiones, costos de operación, evaluación de equipos, maquinarias, ductos, amortizaciones, depreciaciones, rentabilidad obtenida, obligaciones tributarias, etc., con objeto de que las conclusiones y recomendaciones sirvan de base de sustentación a YPFB para negociar y suscribir los nuevos contratos petroleros. Con este motivo se creó la “Unidad de fiscalización, seguimiento y control” (UFSC).

De las conclusiones de auditoría se evidenció que las petroleras transnacionales habían cometido irregularidades por incumplimiento a las disposiciones establecidas en los contratos petroleros y haber sobrevaluado sus activos, es decir haber inflado las cifras de sus activos para su reembolso correspondiente por el Estado a través de los “costos recuperables”.

Costos recuperables

El Estado devuelve a las petroleras transnacionales por todos los gastos e inversiones realizadas en el desarrollo de sus actividades. Pero existe la susceptibilidad por parte del soberano por la devolución de millones de dólares, cuya aprobación estaría en manos de una “junta de control” que corre el riesgo de caer en corrupción incontrolada.

La revista “Fundación Jubileo” clasifica en una de sus páginas los “Costos Recuperables”: 1) Costos de personal. 2) Costos de movilización y desmovilización del personal. 3) Costos de transporte y reubicación del personal. 4) Servicios. 5) Costo de materiales. 6) Impuestos, tasas, contribuciones, compensaciones, indemnizaciones. 7) Diferencias de cambio. 8) Servidumbres, indemnizaciones. 9) Protección al medio ambiente y seguridad industrial. 10) Costos legales. 11) Servicios. 12) Costos de administración y servicios 13) Depreciación de los activos fijos. 14) Otros costos. 15) Cargos relacionados con la Casa Matriz del operador.

Al concluir, el Gobierno plurinacional debe superar sus deficiencias y cumplir con la ley y la Constitución Política del Estado.