El Palacio Quemado como propiedad de Evo

Es sabido que edificios como el Palacio de gobierno y otros locales públicos como el Palacio Legislativo, ministerios, prefecturas y otros son propiedad del Estado y su utilización está sometida al Derecho administrativo, mientras, al contrario, los bienes de propiedad de la Nación están bajo disposiciones legales de otra naturaleza y son inalienables e imprescriptibles. Sin embargo, algunas autoridades desconocen esos principios y proceden en forma arbitraria.

Al respecto, viene al caso referirse a los gobernantes del MAS que, acaudillados por sus jefes, Evo Morales y Álvaro García Linera, durante los catorce años recién pasados desconocieron esos principios y creyeron que no solo eran dueños de vidas y haciendas de carácter privado, sino también propietarios absolutos de los bienes de las Nación y del Estado y podían disponerlos a su gusto y capricho, como si fuesen de su propiedad personal.

Efectivamente, cuando los órganos de prensa nacionales criticaron indicando que Evo Morales y compañía, a lo más, eran inquilinos temporales del Palacio de Gobierno de la plaza Murillo, los gobernantes reaccionaron iracundos, afirmando que, en cambio, eran propietarios absolutos de ese edificio, que no eran ocupantes eventuales, que en ese recinto se quedarían “para siempre” y nadie podría obligarles a desocuparlo.

Pero, no solo eso, los califas el gobierno populista de Evo Morales y compañía se consideraron, además, como propietarios absolutos de los dineros del Estado (que solo es administrador de los bienes públicos) y procedieron a utilizarlos de manera festinatoria, al extremo de que durante los catorce años en los que usufructuaron el poder, despilfarraron más de cincuenta mil millones de dólares, acumulación de dinero que jamás se había registrado en la historia del Estado de Bolivia.

Lo más notable del caso es que, además de practicar esas arbitrariedades, los jerarcas del “Estado plurinacional” consideraron que iban a quedarse en el gobierno de por vida y que para ello establecían las condiciones para ese deseo. Es más, pusieron en aplicación una serie de disposiciones que las hicieron legalizar con el Órgano Legislativo, aparato del Estado que manejaban a su caprichoso entender, al extremo que el entonces presidente dio por establecido como norma de gobierno que él podía “meterle nomás” y que, en caso necesario, “la solución estaba en manos de sus abogados, a quienes por algo se les pagaba”.

En esa forma, por ignorancia el equipo gobernante que reinó impunemente durante catorce años destruyó la nacionalidad y la democracia, depredaciones que determinaron la airada protesta del pueblo que, para retornar al orden democrático, se levantó como un solo hombre en una heroica insurrección y lo expulsó del poder en noviembre pasado.