Corrupción en Derechos Reales conocía Consejo de la Magistratura

Los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Gobierno, Carlos Romero, denunciaron ayer que luego de una minuciosa revisión se pudo establecer que existen al menos ocho casos de corrupción en la oficina de Derechos Reales de la ciudad de Santa Cruz, hechos que eran de conocimiento del Consejo de la Magistratura.

“En un trabajo conjunto con el Ministerio de Gobierno hemos venido llevando adelante una serie de investigaciones en Derechos Reales de la ciudad de Santa Cruz, gracias a la revisión efectuada hemos identificado irregularidades, gravísimas que han motivado operar de manera conjunta entre los Ministerio de Gobierno y Justicia, además del Ministerio Público”, declaró ayer el Ministro de Justicia en una rueda de prensa ofrecida junto a su colega de Gobierno, en la ciudad de Santa Cruz.

Arce calificó de “deplorable” las irregulares que afectan a la seguridad jurídica de esa institución, entre ellas, anotaciones preventivas que desaparecieron, partidas que fueron bloqueadas para que no sean anotadas preventivamente, hipotecas que desaparecieron, movimientos que reiteró eran de conocimiento del Consejo de la Magistratura, que no tomó cartas en el asunto.

El Titular de Justicia explicó que se presentaron al Ministerio Público siete denuncias penales que deben ser investigadas y precisó que existen ocho personas involucradas, cinco en Santa Cruz y 3 en el municipio de Warnes. 

“Se está procediendo a la aprehensión en este momento con casos gravísimos, como, por ejemplo, había un banco que había ganado un proceso y tenía una orden para hipotecar un bien e indebidamente Derechos Reales bloqueo esa posibilidad de que pueda inscribirse hasta que el bien sea transferido a una tercera persona, esta situación fue investigada y lamentablemente las autoridades sumariantes del Consejo de la Magistratura no actuaron como se debe”, detalló. 

La autoridad sectorial refirió casos muy graves, en los que se evidenciaron que se levantaron gravámenes de propiedades de $us 80.000 y $us 220.000 que fueron registrados sin que exista una prueba documental u orden judicial. (Agencias)