Comunidad Cucuta denuncia avasallamientos

Desde el 2012 familiares de Gregorio Mendoza son avasallados y amedrentados por loteadores, quienes apoyados por algunas autoridades comunitarias, en contra de los dueños de 10 hectáreas quienes con más de 80 años deben enfrentar persecuciones, amenazas e injusticia de Roberto Jil en la comunidad Cucuta de la provincia Los Andes.

Desde hace más de dos años la familia Mendoza continúa viviendo con el miedo de que un día aparezcan sus padres asesinados o simplemente desaparezcan ante los intereses económicos que demanda la familia Jil quienes mediante un poder falso, lograron asentarse y construir en la parte posterior de la vivienda de los ancianos.

Constantes pleitos legales, enfrentamientos físicos, con daños personales y materiales, ocasionaron a que los hijos y nietos de los abuelos Mendoza tuvieran que huir del sector y asentarse en la ciudad de El Alto con la esperanza de que las instancias legales como Derechos Reales, Ministerio Público y las organizaciones de Derechos Humanos o del Defensor del Pueblo puedan intervenir con la finalidad de poder respetar el título ejecutoriado de propiedad y el documento legal del INRA obtenidos en favor de la familia Mendoza propietaria de las 10 hectáreas, pero nada de ello a la fecha logra defender sus derechos.

A la fecha la influencia de dirigencial en el ámbito rural y la violencia ejercida por los componentes de la familia Jil de acuerdo a Mendoza serían al momento los únicos instrumentos de poder que acaban con los procesos judiciales donde ninguna recusación o proceso judicial ganado es respetado.

“Hemos ganado el proceso en contra de ese poder falso, pero a pesar de tener todos los documentos originales ninguna autoridad judicial, legal o comunal quiere hacer respetar, es por eso que estamos denunciando, porque a mis padres de manera constante los amedrentan, amenazan y sólo buscan que ellos mueran para que se apoderen de nuestros lotes”, explicaron los miembros de la familia.

MINISTERIO PÚBLICO

Más de dos carpetas presentadas al ministerio público, con fotografías que demuestran los daños físicos, el avasallamiento y la construcción supuestamente ilegal, son todos los documentos que acompaña a los hijos y nietos de los abuelos, quienes prefieren seguir sobre viviendo con el miedo, pero no abandonar el lugar donde crecieron y donde pertenecen.

“Todos les tienen miedo a la familia Jil porque genera amenazas de manera individual y la gente como sabe que esta aliado con el alcalde de Pucarani, prefieren no meterse incluso se han denunciado de planimetrías ilegales que están realizando y que no existe. Ellos están trabajando como loteadores”, remarcó una de las nietas quien a pesar de su inicio laboral en la urbe alteña se da cuenta de las injusticias generadas a nombre de dirigencia comunitaria.

Alrededor de tres comunitarios y sobre todo ancianos son las víctimas constantes de los grupos de choque y de la actual dirigencia comunitaria, quienes agrupados ejercen abusos constantes donde ninguna autoridad del ministerio público ejerce en beneficio del legítimo propietario.

Para la familia Mendoza en el sector rural no tiene existe policía, justicia, derechos humanos o Defensor del Pueblo que protejan a los ancianos, sobre todo si ellos son propietarios de hectáreas, frente al poder de la dirigencia coyuntural, razón por la que sólo les quedo denunciar ante los medios de comunicación para registrar los antecedentes de lo que ocurre en la actualidad en Cucuta.